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Según el Informe Dobris, de la Agencia Europea de Medio Ambiente, una ciudad europea de un millón de habitantes consume (de media) 11.500 toneladas de combustible sólido, 320.000 toneladas de agua y 2.000 toneladas de alimento. A su vez, genera 25.000 toneladas de CO2, 1.500 toneladas de residuos y 300.000 toneladas de aguas residuales, y todo eso ¡cada día! ¿Es sostenible este sistema?

Es necesaria una transición hacia un nuevo modelo de protección ambiental basado en una economía circular, en el que se fomente el uso racional de los recursos, se alargue la vida útil de los productos y se minimice la generación de residuos. Este modelo de economía circular ha de contribuir al crecimiento económico sostenible y a la generación de empleo, a la preservación de nuestros espacios y recursos naturales, así como a considerar al tejido empresarial y a la ciudadanía como agentes clave para esta transición mediante la correcta gestión de los residuos y un consumo responsable.

Tiene tres principios claves:

  • Regenerar sistemas naturales: preservar y mejorar el capital natural.
  • Mantener productos y materiales en uso: optimizar el uso de los recursos.
  • Fomentar la eficacia del sistema: eliminar residuos y contaminación desde el diseño.

Gracias al diseño y la producción de productos circulares (que sean fabricados con menos materias primas y que éstas sean más respetuosos con el medio o provenientes de materias recicladas, al tiempo que esos productos duran más tiempo al poder repararse bien y no tener obsolescencia), al desarrollo de nuevos modelos empresariales (basados en el intercambio, alquiler o servicio en vez de la propiedad), aprovechando la logística de los ciclos inversos para cerrar los círculos y con el fomento socio-económico de administraciones públicas y entidades públicas y privadas, se puede lograr que la industrialización se lleve a cabo bajo el paraguas de la sostenibilidad y la reducción de la huella ambiental, basada en el principio de “cerrar el ciclo de vida” de los productos, los servicios, los residuos, los materiales, el agua y la energía, sin que este cambio conlleve una merma económica.

En la economía circular se busca que el valor de los recursos, materiales y productos se mantengan durante el mayor tiempo posible. Así, la transición a una economía circular afecta a toda la cadena de valor de un producto o servicio. Todas las partes implicadas en ella, desde las administraciones públicas a las privadas y, por supuesto, a la ciudadanía, deben ampliar y renovar dicha visión. La adaptación del sistema productivo y de consumo debe ir acompañada por un marco legal que la fomente y sustente.

Marco normativo de la Economía Circular

Y hacia eso caminamos. A nivel internacional, en 2012, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, se gestaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS, en adelante) con el propósito de crear un conjunto de objetivos mundiales relacionados con los desafíos ambientales, políticos y económicos a los que se enfrentan el mundo. Los ODS, finalmente, se aprobaron en 2015 y constan de 17 objetivos y 169 metas. Pues bien, la transición económica hacia un modelo circular contribuirá a la consecución de los ODS de forma global. Así, la economía circular ofrece un nuevo enfoque para alcanzar una sostenibilidad, local, nacional y global, que beneficie tanto a las personas, las regiones como a las ciudades; contribuya plenamente a la neutralidad climática y encauce el potencial de la investigación, la innovación y la digitalización.

En este sentido, la economía circular está vinculada, en mayor o menor medida, con todos los objetivos de los ODS, en especial con lo siguientes: ODS 6 (Agua limpia y saneamiento); ODS 7 (Energía asequible y no contaminante); ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico); ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura); ODS 12 (Producción y consumo responsables); ODS 13 (Acción por el Clima) y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres).

A nivel europeo, la economía circular es prioritaria para la UE. La Comisión Europea presentó, en 2015, su Plan de Acción para la Economía circular bajo el título “Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la EC”, con objeto de dirigir la economía europea hacia la circularidad, contribuyendo, de ese modo, a la consecución de los ODS antes de 2030. Este Plan presenta medidas legislativas y no legislativas sobre una política de productos sostenibles, para el empoderamiento de los consumidores o sobre el derecho a la reparación, entre otras. También, plantea transformar sectores esenciales en circulares: plásticos, textiles, residuos electrónicos, alimentos; agua y nutrientes, embalaje, baterías y vehículos; edificaciones y construcción, así como una serie de iniciativas a favor de la circularidad, tales como la creación de un mercado de materias primas secundarias.

En España también existe la Estrategia Española de Economía Circular “España 2030” (EEEC, en adelante), aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros el 2 de junio de 2020, que sienta las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, en la que se reduzca al mínimo la generación de residuos y se aprovechen con el mayor alcance posible los que no se pueden evitar. La EEEC contribuye así a los esfuerzos de España por lograr una economía sostenible, descarbonizada, eficiente en el uso de los recursos y competitiva.

Entre los objetivos que la EEEC se marca para el año 2030 destacan reducir en un 30% el consumo nacional de materiales en relación con el PIB, tomando como año de referencia el 2010; reducir la generación de residuos un 15% respecto de lo generado en 2010; incrementar la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados; y reducir la emisión de gases de efecto invernadero por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2eq referido al sector de los residuos.

Por último, a nivel regional, Andalucía avanza para ser la segunda Comunidad Autonómica, tras Castilla-La Mancha, que tendrá una ley específica, la Ley de Economía Circular de Andalucía (LECA). Mientras tanto, ya cuenta con dos planes de referencia: la Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030 (EADS, en adelante) y la Estrategia Andaluza de Bio­Economía Circular 2030, ambas aprobadas en 2018.

La EADS es un plan estratégico de la Junta de Andalucía para orientar las políticas públicas y privadas hacia un tipo de desarrollo socioeconómico que considere de forma integrada la prosperidad económica, la inclusión social, la igualdad entre los géneros y la protección ambiental. Estas orientaciones se han definido mediante 37 líneas de actuación que se desglosan en 226 medidas estructuradas en áreas que se han considerado prioritarias para avanzar en el camino de la sostenibilidad. Todo este conjunto de directrices están alineadas con cada uno de los 17 Objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas por lo que la EADS constituye el primer paso para la implementación en Andalucía de esta Agenda de carácter mundial que se plantea la consecución de unas metas concretas para el año 2030

Por su lado, la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular busca establecer un modelo económico basado en la producción y uso de recursos biomásicos renovables y su transformación sostenible y eficiente en bioproductos, bioenergía y servicios para la sociedad. El horizonte temporal de la estrategia también es 2030 y para ello cuenta con recursos por valor de unos 1.400 millones de euros dirigidos a actuaciones concretas que han sido elaboradas con la colaboración de más de 50 expertos externos pertenecientes a los sectores de mayor relevancia que son la agricultura, silvicultura, pesca, alimentación y producción de papel, así como parte de las industrias de química, biotecnología y energética.